LA OROTAVA, UN SIGLO DE LUCHAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Texto extraído del libro “El Ayuntamiento de La Orotava, Cien Años de Historia”. Ed. Ayuntamiento de La Orotava, 1995.

Autor: José Manuel Hernández Hernández

1914-1931: Crisis económica, luchas obreras y dictadura
La esperanza republicana y la Guerra Civil: 1931-1939
1939-1979: Una sola voz
La ilusión renovada: 1979-1995

1914-1931: CRISIS ECONÓMICA, LUCHAS OBRERAS Y DICTADURA.

El período que hemos acotado entre 1914 y 1931 viene condicionado por varios acontecimientos de trascendental importancia en la vida del municipio. Las repercusiones de la Primera Guerra Mundial, que lleva al límite la crisis que vienen sufriendo los sectores populares; la primera estructuración del movimiento obrero que conoce la Villa y la Dictadura de Primo de Rivera, que corta la expansión de esa incipiente organización, son los hechos a los que nos referimos.

El bloqueo militar de las aguas del Archipiélago durante la confrontación bélica europea (1914-1918), puso en evidencia la fragilidad del sistema económico canario y su total dependencia del exterior. La constitución de una Junta Local para afrontar los problemas económicos planteados por la Guerra es la primera reacción de las autoridades del municipio. Presidida por el Alcalde, contará con representantes de las sociedades establecidas en La Orotava (Casino, Liceo, Cámara Agrícola, Heredamiento de Aguas, Empresa de Aguas, Sociedad de Socorros Mutuos y Sociedad El Progreso, de La Perdoma); y con miembros de la oligarquía agraria local. La Junta se constituye el 17 de septiembre de 1914 pero, sin embargo, no tendrá continuidad en sus reuniones, a pesar del terrible impacto que sobre las exportaciones ejerce el conflicto bélico.

Serán las clases populares las que más directamente sufran la crisis. Así lo atestigua el periódico "Vida Moderna", en su edición del 16 de abril de 1916:

"La situación de los pobres y desvalidos en La Orotava no puede ser más angustiosa: la situación gravísima resultante del contraste entre jornales exiguos y encarecimiento de las susbsistencias: EL HAMBRE.

(...) Causa dolorosísima sensación observar a desventurados niños que van diariamente a los penosos trabajos de campo, a ganar un jornal insignificante con que contribuir, no a la satisfacción de las necesidades de la familia, sino a comprar el puñado de gofio (que en precio ha subido en cantidad inverosímil) con que engañar a los organismos...".

Propuestas como el establecimiento de cocinas económicas o la demolición de la iglesia del exconvento de San Agustín "...conforme estaba acordado (sesiones plenarias de abril de 1913), para dar más trabajo a la clase obrera, tan falta de recursos por la actual guerra europea...", reflejan, con toda crudeza, la situación por la que se estaba atravesando.

El concejal republicano Manuel Bethencourt del Río es quien ofrece soluciones más firmes a la crisis. El 2 de marzo de 1916, dos meses después de su acceso al Ayuntamiento, se lanza, decididamente, a la defensa de las clases populares, exponiendo que "...por el alza de los fletes, el hundimiento de buques y otras circunstancias (...) se han encarecido de un modo extraordinario las subsistencias (...). Añadió que los adinerados, por egoísmo particular, no se ocupaban del problema, que puede ser gravísimo, porque el sabe de jornaleros que sólo pueden comer una vez al día, por no alcanzarle para más el mezquino producto de su trabajo, sin embargo de no comer otra cosa que gofio...". Acaba diciendo que "...si antes de la Guerra se obtenía por los propietarios un beneficio anual de 3.000 pesetas por fanegada de terreno, aunque ahora se haya reducido y llegue a 750 pesetas, es natural que la clase adinerada evite el hambre que se está sintiendo, pero que, ya que no se ocupa de ello, debe hacerlo el Ayuntamiento...". Se olvidaba el primer concejal republicano de La Orotava, en el fragor de su discurso, de la coincidencia de intereses entre el resto de la Corporación y lo que el llama "clase adinerada". Lo que sucedió con sus propuestas reafirma este argumento. El Alcalde se ofreció para hablar con los grandes propietarios, "con quienes tiene amistad", para tratar el aumento de los jornales; propuso, además, la constitución de una comisión para la compra de productos de primera necesidad, que se venderían a los trabajadores a precio de coste y, respecto a las obras municipales que dieran trabajo a los obreros dijo "que la mala situación económica del Ayuntamiento no permitía afrontar tales obras". Pero nada de esto funcionó. Dos meses más tarde, el concejal conservador Tomás Salazar y Cólogan dimite de su cargo de presidente de la Comisión, siendo sustituido por el también conservador, Juan de Zárate y Méndez. También éste renuncia y serán propuestos otros, sin que finalmente ninguno asuma la responsabilidad de presidir la citada Comisión.

La situación persiste y el 22 de abril de 1918, una importante manifestación de trabajadores, que reune a unas mil personas, se dirige al edificio municipal para solicitar del Ayuntamiento medidas efectivas que alivien la miseria que padecen los sectores populares. Las reivindicaciones son contundentes: abaratamiento de los productos básicos, fundamentalmente papas y millo; denunciar y castigar a los comerciantes que acaparan y especulan con los alimentos y solicitar del Gobierno la aprobación de un crédito extraordinario para continuar con las obras públicas. La situación límite que se estaba viviendo obliga al Ayuntamiento a realizar algunas gestiones, ante la posibilidad evidente de una explosión social de carácter violento. Se consigue, apelando hasta el mismísimo Ministro de la Gobernación, una partida de millo para la localidad y la aprobación de un crédito extraordinario para obras públicas. Pero la situación no cambiaría sustancialmente.

Una crisis, por lo tanto, generalizada y permanente, que se agudiza ante determinadas coyunturas, como la aparición de epidemias, fundamentalmente de gripe. La falta de una mínima infraestructura sanitaria y la poca capacidad económica de las sectores trabajadores para garantizar su salud, hace que éstos se pongan alerta ante cualquier posibilidad de contagio generalizado. Así ocurre en noviembre de 1918, cuando una epidemia de gripe afecta a Santa Cruz y La Laguna y, en La Orotava, se organiza una manifestación, con carácter espontáneo, que exige a las autoridades la adopción de medidas enérgicas encaminadas a evitar el contagio. Una situación que se repite poco más de un año después, realizándose acciones drásticas para controlar la afección de gripe: instalación de un hospital de aislamiento de enfermos, clausura de las escuelas públicas y privadas, así como el teatro y creación de comisiones para ayudar a los afectados.

La composición del Ayuntamiento responde, en estos años, al sistema establecido por la Restauración, con la alternancia en el poder de conservadores y liberales. La manipulación de los procesos electorales y el caciquismo en general, con su terrible influencia sobre los trabajadores, esencialmente agrícolas y con nula formación cultural, son la clave para mantenerse en el poder. Los concejales practican una escándalosa dejadez de sus obligaciones públicas. La inasistencia a los plenos es norma habitual. No es extraño pues, que parte de la numerosa prensa existente en La Orotava y en el Valle en estos momentos, denuncie la situación política de la Villa:

"(...) se equivocan en un todo los que creen que en La Orotava hay política de ideas y de partidos. La única política que ha existido y existe en esta villa es la de las clases sociales. El nervio, la entraña de la comunidad gobernante es impedir a todo trance que la democracia orotavense recobre su perdida independencia".

Aún así, el nombre de algunos concejales merece ser destacado. Es el caso del ya citado Manuel Bethencourt del Río. Médico de profesion y uno de los organizadores del republicanismo tinerfeño será, posteriormente, consejero del Cabildo. Elegido en 1915, se mantendrá en el cargo hasta 1918. En estos años fue, tal y como reflejan las actas, el concejal más activo en el seno de la Corporación, en la que realizó una política de carácter reformista, dirigida a la mejora de las condiciones de vida de las clases populares. Juan García Lima es la otra persona a destacar. Concejal desde 1920, tomó el relevo de Bethencourt del Río en la defensa de los sectores sociales más desfavorecidos, aunque desde posiciones más radicales, fundadas en el socialismo que, poco a poco, arraigará en el Valle y del que García Lima fue uno de los principales impulsores.

En estos tiempos de crisis sostenida no es extraño que se desarrolle una importante estructuración del movimiento obrero en la Villa. La primera manifestación organizada se produce el 22 de abril de 1918, como vimos anteriormente. El 29 de ese mismo mes se produce otra, precedida de una asamblea de trabajadores que se celebra en el salón N° 3 de la Calle Cantillo. La manifestación se dirigió al Ayuntamiento, a cuyos representantes se les entregaron las conclusiones de la reunión: convocatoria de los mayores contribuyentes del municipio para que actuaran en el remedio de la crisis que padecían los trabajadores y que se instara al Gobierno para que se hiciera efectivo el crédito aprobado para la financiación de las obras públicas. Seis días después se convoca otra asamblea hasta las Casas Consistoriales, para hacer presente al Alcalde "...el desagrado que ha producido en las clases trabajadoras por la indiferencia con que han sido acogidas en esa Corporación las conclusiones tomadas por la anterior manifestación, determinada por la nula asistencia a la sesión por los Sres. ediles y dejar sin acuerdo asuntos de tan importancia los asistentes".

Este incipiente movimiento sindical se aglutina, muy pronto, en torno al Centro Instructivo Obrero. Fundado el 10 de septiembre de 1918, cuenta, desde sus inicios con un local social en la Calle Castaño y se organiza en cuatro secciones: Instrucción, Trabajo, Subsistencias y Deportes. La labor desarrollada en sus primeros momentos por el Centro denota un rápido fortalecimiento de la primera organización obrera de la Villa. Su fuerza se manifiesta en la asamblea que se convoca el 30 de enero de 1919 y que pone alerta a las autoridades locales. Multitud de telegramas y gestiones ante instancias superiores (Gobierno Civil, Ministerios,...) intentan solventar los principales problemas que afectan a las clases populares: subida de alimentos básicos y falta de trabajo. Otra manifestación se repite ese mismo año, el 17 de octubre, con las mismas reivindicaciones, recorriendo el trayecto desde el Centro hasta el Ayuntamiento, al que se le entregarán las conclusiones del acto.

Pero sin duda alguna, la prueba de fuego para el movimiento obrero en el Valle fue la huelga iniciada el 19 de julio de 1920. Motivada por la solicitud de incremento salarial de 1,50 ptas. sobre el salario medio de 3,50 ptas. diarias, afectará a todas las grandes explotaciones plataneras (Yeoward, Fyffes, Sindicato Agrícola del Norte, Ascanio Hermanos, etc.) y a los trabajadores del muelle del Puerto de la Cruz. Aproximadamente 4.000 obreros mantendrán una posición de lucha radicalizada en algunos momentos, tal y como se expresa el Alcalde del Puerto de la Cruz en telegrama enviado al Gobernador Civil:

"Sobre conflicto obrero esta localidad debo comunicar a vuecencia que según me entero anoche fue destruido con dinamita en el sitio llamado Los Frailes de esta jurisdicción el acueducto Comunidad Las Aguas. Varias líneas teléfono fueron cortadas. En finca Gorborana del Realejo Alto incendiaron cien racimos plátanos que estaban cortados y cubiertos con hojas secas...".

Tal fue la intensidad que cobró el conflicto que las autoridades y los patronos no dudan en solicitar ayuda al Capitán General y al Gobierno Civil para que se reforzaran los puestos policiales. Sin embargo, la huelga terminó, en agosto, con el triunfo de las Federaciones Obreras del Valle.

Estas acciones permitirán poner de manifiesto el alto grado de conciencia de clase de los trabajadores del Valle, lo que permite consolidar su capacidad organizativa y dar consistencia a sus posiciones ideológicas que, claramente ya, se enmarcan en la doctrina socialista, convirtiéndose la comarca en el principal bastión de este partido en la Isla. Muestra de este fortalecimiento es la manifestación del 1° de Mayo de 1921 -la primera de la que tenemos constancia en la Villa-, que partió desde la Calle Castaño y, tras recorrer las principales vías del casco, desembocó en la Plaza del Ayuntamiento, donde se celebró un mitin, para luego continuar hacia el Puerto de la Cruz y unirse con la organizada en esta localidad. El manifiesto, firmado por Bruno Abreu, Presidente del Centro Instructivo Obrero, refleja ese avance ideológico de la organización:

"Este año, como justa expresión de dolor intenso que experimentamos ante los atropellos de que han sido objeto innumerables camaradas, cuya sangre dada en holocausto del ideal de emancipación, nos exige la protesta viva y consciente de todos los hermanos del Trabajo. El recuerdo de los mártires de Chicago, en memoria de los cuales mañana todos los trabajadores nos solidarizamos, hagámoslo extensivo a tantos otros desheredados de la fortuna víctimas del egoísmo capitalista".

Las reivindicaciones del primero de mayo del siguiente año no hacen sino ratificar estas posiciones: rectificación de la política en relación con la Guerra de Marruecos; garantía de las libertades sindicales; obligación a los patronos del cumplimiento del retiro obrero; reforma de las Juntas Locales de Reformas Sociales; pensión de vejez para los trabajadores mayores de 65 años y amnistía para todos los ciudadanos procesados por delitos sociales y políticos. La incorporación, junto a Juan García Lima, de dos líderes sindicales más -Alejandro Calzadilla Ramos y Jerónimo Carrillo Carballo- como miembros del Ayuntamiento, confirman el apoyo de las clases populares a las acciones emprendidas desde el Centro Instructivo Obrero.

Por su parte, los empresarios agrícolas constituyen, el primero de diciembre de 1914, el Sindicato Agrícola del Norte de Tenerife, que actuará como representante de los patronos en los conflictos laborales y que intentará regularizar la explotación y la comercialización del plátano. Su edificio social, por acuerdo de 18 de mayo de 1921, se establece en la Calle Calvario, contando con el periódico "El Norte" como altavoz y defensor de sus intereses.

Enfrascados en el debate sobre la necesidad de crear una Mancomunidad de los Pueblos del Valle y en las gestiones para que el Estado cediera definitivamente el exconvento de Santo Domingo, el Consistorio se ve sorprendido por la imposición, en septiembre de 1923, de un nuevo régimen político: la dictadura de Primo de Rivera. La repercusión más evidente del nuevo sistema de gobierno será la práctica desarticulación del movimiento socialista en las Canarias Occidentales. En el Valle se clausura la Federación Obrera y se produce un aletargamiento de las luchas sindicales y políticas, al menos hasta los albores de la proclamación de la Segunda República.

La municipalización del alumbrado público, la construcción del Refugio de Altavista, el ensanche de la población hacia las zonas de Los Cuartos, La Torrita y La Sidrona, el debate sobre la creación de una escuela de artes y oficios y de un instituto de segunda enseñanza o la instalación de chorros de abastecimiento de agua en los barrios, fueron algunos de los temas que ocuparon las discusiones del Consistorio entre 1923 y 1931. Unos años en los que el poder local se integró en el nuevo orden político, sin dar soluciones a los problemas sociales que seguían latentes y que estallarían con el ocaso de la Dictadura.

LA ESPERANZA REPUBLICANA Y LA GUERRA CIVIL: 1931-1939.

El final del régimen dictatorial-monárquico se caracteriza, en La Orotava y en Canarias, por una reorganización del movimiento obrero y una importantísima ofensiva sindical, que va a marcar la trayectoría política en el municipio durante los años siguientes. La Federación Obrera del Valle se recompone, después de unos años en que redujo a un mero apéndice del aparato laboral del régimen, reapareciendo en enero de 1931 en el Puerto de la Cruz. La Agrupación Obrera de La Orotava (posteriormente Federación de Trabajadores), constituida inmediatamente después, sería su homónima en la Villa (CABRERA ACOSTA, 1991). La incorporación de nuevos dirigentes, como el caso de Lucio Illada Quintero, la edición, a partir de agosto de 1930, del semanario "Decimos", que actúa de portavoz de los grupos más progresistas del Valle, y la situación crítica en que se mantienen los sectores populares favorecen la esperanzadora acogida que se le ofrece al advenimiento de la Segunda República en La Orotava:

"En el período de la monarquía se habían olvidado las más perentorias necesidades. Con un cerrilismo egoísta se pretendía cifrar la buena administración en reducir disparatadamente el presupuesto (del Ayuntamiento) al límite de un mínimo de gastos que pudiéramos calificar de forzosos. Quedaba desatendida por completo la sanidad, la instrucción y cultura de un pueblo, el aspecto social y las obras públicas.

Pero tan desastrosa política era imposible proseguirla. La República había de implicar un nuevo rumbo, una nueva sensibilidad, una mayor comprensión para todos los problemas, aplicándose a ellos y tratando de resolverlos con eficacia".

El nuevo régimen político se definirá por una radicalización progresiva de las posiciones políticas y una profundización en el enfrentamiento de clases. En 1931, la Federación de Trabajadores y la Agrupación Socialista de La Orotava están perfectamente consolidadas, con Lucio Illada como presidente y concejal en el nuevo Ayuntamiento. Por su parte, los sectores de la tradicional oligarquía agraria se organizan, ante el avance del movimiento obrero, en torno a la Asociación Patronal Agrícola del Valle de la Orotava, constituida en octubre de 1931, cuyo principal objetivo es "...intervenir, si lo piden los asociados, en los contratos de trabajo, en los pactos reguladores del descanso dominical y de la jornada de 8 horas y, en general, en las relaciones de áquellos con los obreros" (CABRERA ACOSTA, 1991). Este es el escenario en que se desenvolverá la cuestión social en los agitados años de la segunda experiencia republicana.

Desde agosto de 1931, los socialistas solicitan que se imponga un impuesto sobre las explotaciones del plátano y del agua, gravando así a los empresarios para poder aumentar los ingresos municipales y la posibilidad de realizar una política social más comprometida, concretada en "...el abastecimiento de agua a varios barrios, el acondicionamiento de los lavaderos de San Francisco, Farrobo y Sauce, el matadero, urinarios y las indispensables medidas de limpieza y decencia en las viviendas, principalmente en lo que afecta a evacuatorios o pozos negros; no olvidándose tampoco la continuación de las obras en suspenso de la ampliación del servicio eléctrico municipalizado y del proyecto de pavimentación y la construcción de locales para escuelas y de casas baratas". La reclamación de este impuesto lleva a Lucio Illada a plantear al Ayuntamiento una proposición de ley para elevar al Gobierno, en la que se pide que las Corporaciones Locales puedan imponer arbitrios sobre las explotaciones acuíferas y agrícolas.

Si a ello unimos la propuesta de revertir al municipio la parte de los bienes que se habían concedido en subasta a las sociedades de aguas "Heredamiento" y "Empresa", podremos hacernos una imagen del enfrentamiento que se iba a producir entre los trabajadores y sus representantes y el poder económico local.

Las primeras manifestaciones de esta confrontación se inician en 1932, cuando la Federación Obrera del Valle se suma al paro general de dos días, en apoyo a la huelga de los portuarios de Santa Cruz. Pero no será hasta 1933 cuando las luchas entre obreros y empresarios alcancen su mayor augue, después de la escisión que se produce en la Federación Obrera del Valle, de la que se apartan los sindicatos más radicales y críticos, dirigidos por Florencio Sosa Acevedo, a los que se suma la Federación de Trabajadores de La Orotava. Este giro a la izquierda terminará con la integración de Florencio Sosa y de Lucio Illada, éste último no públicamente, en el Partido Comunista (CABRERA ACOSTA, 1991).

En 1933, los efectos retardados del crack de 1929 se dejan sentir sobre la economía del Valle. Las exportaciones de plátanos disminuyen alarmantemente y, con ella, los precios de este producto agrícola, debido a la contracción de los mercados europeos. En este marco, el Ayuntamiento de La Orotava se apresta a pedir al Gobierno lo siguiente:

"1.- Sindicación forzosa de agricultores de las dos provincias, dedicados al cultivo del plátano.

2.- Rebaja del 50 por ciento de los transportes terrestres en la Península, al igual que se ha hecho para la naranja.

3.- Rebaja también de precios en los transportes realizados por la Transmediterránea hasta igualarlos, por lo menos, proporcionalmente con los que perciben las compañías de vapores extranjeros en igualdad de recorridos".

 La crisis económica incidirá, inmediatamente, sobre los jornaleros, sometidos a baja de salarios, despidos y reducción de días de trabajo. Esta situación, unida a la radicalización de una parte importante del movimiento obrero, llevará a la primera huelga agrícola general del período republicano. Se inicia el 28 de octubre de 1933 y moviliza a más de 5.000 jornaleros. La amplitud y firmeza de este movimiento, unido a algunos actos violentos, en forma de sabotajes, lleva al triunfo de los obreros con la firma de un acuerdo el 5 de noviembre, en el que se recoge parte significativa de sus reivindicaciones (CABRERA ACOSTA, 1991).

Pero será, sin ningún género de dudas, la huelga general de 1934 en el Valle, la que marque el cénit de la evolución del conflicto de clases en este período. Una huelga que podemos considerar como la de mayor importancia y trascendencia en la historia de La Orotava y del resto de la Comarca. Comienza el 31 de agosto, con el paro de obreros agrícolas y de empaquetados, y tiene como base la defensa que hacen los trabajadores de los derechos conquistados hasta el momento, materializados en el pacto colectivo firmado en mayo de 1933 que es derogado y sustituido por otras bases, de carácter claramente regresivo (rebaja de los salarios, contratación libre del número de obreros -era obligatorio, como mínimo, un jornalero por fanegada- y supresión del pago del jornal en los días de lluvia). Seis días más tarde se declara la huelga general, después de la clausura de los sindicatos que la habían convocado y de la detención de los miembros del Comité de Huelga, con Florencio Sosa a la cabeza, y el paso de otros dirigentes, Lucio Illada entre ellos, a la clandestinidad.

La acción de las autoridades sobre los huelguistas se recrudece de inmediato: las fuerzas policiales se refuerzan con contingentes venidos de la capital y, a mediados de septiembre, los obreros detenidos y encarcelados en La Orotava superan los cuarenta. La incidencia de la huelga pronto trasciende al Valle y se convierte en la punta de lanza de la batalla entre trabajadores y burguesía de las Canarias Occidentales. Así, la huelga se generaliza en toda la Isla Baja; en Santa Cruz de Tenerife se declara la huelga general, en solidaridad con los obreros del Valle, los días 25 y 26 de septiembre; los trabajadores palmeros realizan suscripciones para ayudar a los huelguistas y en la capital tinerfeña, sindicatos y partidos de izquierda acogen a más de quinientos niños, hijos de los huelguistas. Las consecuencias serían la detención de numerosos activistas y la clausura de sindicatos y organizaciones políticas que apoyaban estas acciones.

Fue una huelga con un alto grado de violencia, dirigida contra las propiedades agrícolas, las fuerzas policiales y los esquiroles. Explosiones de más de una treintena de petardos; incendio de unos diez edificios, de una guagua y de algunos coches y cortes de piñas y plataneras, son el balance de una lucha emprendida para evitar que los costes de la crisis no recayeran, únicamente, sobre las espaldas de los trabajadores.

El final de la huelga viene marcado por un acontecimiento externo a ésta. Se trata de la declaración del Estado de Guerra, tras los acontecimientos revolucionarios de octubre en Asturias. La asunción del poder por parte de las autoridades militares posibilita la protección efectiva de la libre contratación de trabajadores para paliar los efectos de la huelga y, con ello, ahogar el movimiento sindical. El 13 de octubre el Comité de Huelga hace un llamamiento para que se vuelva al trabajo. El pacto es respetar el acuerdo colectivo de 1933, hasta que se resuelvan los recursos presentados contra las bases aprobadas en agosto de 1934. La derrota del movimiento obrero será evidente cuando la Comandancia Militar establece la libre contratación de trabajadores, favoreciendo el despido de los huelguistas.

A ello debemos sumar la represión que se desata sobre los dirigentes sindicales. Muchos serán sometidos a consejos de guerra y cinco de ellos son deportados a otras Islas, entre ellos Lucio Illada, que es confinado en Gran Tarajal (Fuerteventura), hasta abril de 1935. La totalidad de las organizaciones obreras serán clausuradas y ayuntamientos completos, como el del Puerto de la Cruz, suspendidos y sustituidos por miembros del Partido Republicano Tinerfeño.

El de La Orotava también es víctima de esta situación. El Pleno del 29 de noviembre de 1934 conoce un oficio del Gobernador Civil por el que se relevan de sus cargos a cuatro concejales (Lucio Illada había renunciado en mayo). La importancia de su contenido nos obliga a reproducirlo en su totalidad:

"Resultando que durante los días de la pasada huelga los concejales del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, Don Manuel González Pérez, Don Emiliano Illada Quintero, Don Vicente García Lima y Don Jerónimo Carrillo Carballo, que se hallan suspendidos judicialmente por auto fecha 10 de agosto del año corriente, dedicaron sus actividades a hacer labor contra la actual Corporación, soliviantando los ánimos, celebrando reuniones clandestinas de las que salían, en concomitancia con los elementos afectos a Don Lucio Illada, uno de los principales directores de los actos de sabotaje y rebeldía ocurridos en ese Valle, las órdenes para la ejecución de estos últimos y procurando por todos los medios a su alcance predisponer a la masa obrera para la perturbación del orden, con esta fecha he resuelto suspender gubernativamente en sus cargos de concejales de ese Ayuntamiento a los expresados...".

 Sobre la posición de los nuevos "representantes" municipales con respecto a esta huelga, la proposición del Alcalde, Don Buenaventura Machado, de felicitar a las autoridades militares, despeja cualquier duda sobre los intereses que se defendían desde la Corporación. Dice así:

"Con motivo de la última huelga de obreros agrícolas que se desarrolló en este Valle y durante la cual se cometieron numerosos actos de sabotaje, incluso para intentar dejar a oscuras esta población, inutilizando la tubería del salto de la Central Hidro-eléctrica, se prestaron eficacísimos y valiosos servicios por las fuerzas del Regimiento de Infantería número 37, destacadas en esta plaza. El Sr. Comandante Militar de esta Villa, Capitán Don Lorenzo Machado y Méndez, cumpliendo las disposiciones del Excmo. Sr. General Comandante Militar de Canarias y secundándolas con el mayor acierto, evitó que se llevaran a cabo mayores desmanes, por todos conceptos reprobables (...). Declarado el Estado de Guerra, son merecedoras del mayor elogio las disposiciones que en todo momento adoptaron ambas autoridades militares...".

 La historia política de la Segunda República en nuestro municipio termina con la victoria del Frente Popular en las elecciones municipales de febrero de 1936 y el acceso a la alcaldía de Manuel González Pérez. El acuerdo más destacado que toma la Corporación en los pocos meses que transcurren hasta el levantamiento militar de julio fue, sin duda, el sumarse a la iniciativa del Ayuntamiento de Buenavista, que solicita la inmediata y urgente relevación de Francisco Franco de su puesto como Comandante Militar de Canarias, a causa de las atribuciones que había asumido en algunas localidades, como el Puerto de la Cruz, donde, con motivo del Primero de Mayo, instaló una ametralladora y otros útiles de guerra, en un claro acto de provocación y, desde nuestro punto de vista, de pulsar la reacción popular ante la posibilidad, más que evidente, de un cercano golpe de estado.

Por su parte, Lucio Illada es designado, en marzo de 1936, consejero del Cabildo y, en junio, Presidente de la Mancomunidad. Anteriormente, en abril, fue elegido compromisario para la elección del Presidente de la República, con cuyo motivo viajó a Madrid en mayo.

Con la polémica alfombra del Corpus de 1936, en la que Norberto Perera reivindicó el derecho de sindicación y un instituto de segunda enseñanza para La Orotava y con Franco paseándose por la Villa, entre la admiración de la oligarquía local y el hostigamiento de los miembros más activos de la izquierda orotavense, el municipio se ve sorprendido por un levantamiento militar anunciado, que se haría efectivo desde el 18 de julio, con un bando declarando el estado de guerra. En éste quedan prohibidas todas las libertades constitucionales; se destituyen a las autoridades legalmente constituidas; se requisan las armas de fuego y se prohíbe la circulación de vehículos por carretera.

En La Orotava, un militar, Fermín Bennasar Domingo, asume el mando y preside la Comisión Gestora del Ayuntamiento, formada además por Casiano García Feo -que será nombrado también gestor del Cabildo- y Ramón González Cejas. El primero de agosto es designado Alcalde Juan Pérez Suárez, abogado-director del Heredamiento de Aguas.

No hubo resistencia al golpe en el municipio. Los meses siguientes al alzamiento militar se caracterizaron por la brutal represión a que fueron sometidos los integrantes o simpatizantes del Frente Popular. El levantamiento necesitaba, como condición indispensable para su triunfo, la eliminación de sus oponentes. En Canarias, las organizaciones afectas a la República son declaradas fuera de la ley en septiembre de 1936, a través de un bando de Angel Dolla Lahoz, Comandante General de Canarias y principal organizador de la represión en el Archipiélago.

Las detenciones se produjeron desde los días posteriores a 1936, con el objeto de neutralizar cualquier acción de resistencia al levantamiento militar. En la Villa, al igual que en el resto de municipios canarios, la labor directa de la represión se puso en manos de las formaciones fascistas y paramilitares de Falange y Acción Ciudadana, cuya "efectividad" quedó fuera de toda duda. Se requisa, desde el 21 de julio, el Teatro Power, templo de la cultura villera, para destinarlo a prisión en la que alojar a los detenidos políticos. De allí pasarían muchos a las prisiones flotantes, a los salones de Fyffes en Santa Cruz y un número sin cuantificar, hacia los paredones de fusilamiento o hacia Las Cañadas, para acabar su vida en el Bucio de Maja.

La inexistencia de un estudio riguroso sobre la represión en La Orotava no nos permite aventurar datos sobre sobre el número e identidad de los detenidos o asesinados. Sin embargo, queremos hacer una breve referencia a lo sucedido con las personas más directamente vinculadas con el Ayuntamiento. Respecto a los funcionarios, las nuevas autoridades iniciaron, desde el mismo día del golpe, una amplia depuración, con detenciones y separaciones de sus puestos de trabajo, que se vió amparada legalmente el 5 de diciembre de 1936, por medio de un decreto-ley, por el cual se procede a "...la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados que por su conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional, se consideren contrarios a éste, cualquiera que sea la forma en que ingresaron y la función que desempeñen, lo mismo se trate de funcionarios del Estado que de la Provincia o Municipio". O sea, mano libre para "limpiar" el Ayuntamiento de cualquier persona mínimamente sospechosa.

Veinticinco trabajadores fueron despedidos y, casi todos, detenidos. Entre ellos la práctica totalidad de las plantillas del Servicio Eléctrico y de la Policía Municipal, dirigida por Leoncio Estévez Luis, del que entresacamos un párrafo plenario, referente a su expediente depurativo, esclarecedor de la línea seguida por la acción represiva en la Villa:

"...detenido por disposición de la Autoridad Militar desde el siguiente día al memorable 18 de julio de 1936 (...), permaneció en prisión hasta el 17 del febrero pasado (2 años y 7 meses), o sea durante casi todo el tiempo de la guerra, demuestra claramente que desde el primer momento se le ha considerado desafecto al Movimiento Salvador de España y que no convenía se hallara en libertad".

Se da la circunstancia, además, que muchos de estos funcionarios eran dirigentes destacados del republicanismo de izquierdas en La Orotava. Es el caso de Feliciano Jerez Veguero, médico de la Casa de Socorro y Presidente de la Agrupación Socialista de La Orotava; Juan Hernández Correa, oficial mayor y Delegado del Gobierno en La Gomera en 1936 o el propio Lucio Illada, que ocupaba la plaza de oficial segundo de secretaría. Éste, junto atres funcionarios más y otros detenidos de La Orotava y de Canarias (23 en total), protagonizó una acción de guerra que, en palabras del profesor Millares Cantero, "merece quedar en el recuerdo de todos de manera particular". Se trata de la evasión de Villa Cisneros, el 14 de marzo de 1937, en el correíllo Viera y Clavijo, que secuestraron y utilizaron para llegar a la zona republicana, donde lucharon hasta el final de la guerra. Al finalizar ésta, algunos fueron hechos prisioneros y, luego, fusilados y otros lograron pasar al exilio en Francia, como tantos miles de republicanos. Allí se encontraron algunos orotavenses -Manuel González Pérez, Félix Sosa, Agustín Baeza, Estanislao Bello, Juan García Padrón...- que siguieron luchando, esta vez contra el nazismo en la resistencia francesa.

Mientras tanto, en la Villa se produce una regresión en las escasas conquistas sociales de la República. Dos ejemplos claros son la reducción de la prestación gratuíta de asistencia médico-farmacéutica, pasándose de más de 300 familias beneficiarias a tan sólo unas sesenta y la sustitución de la Casa de Socorro por una pequeña clínica de urgencias, con dos médicos y dos practicantes.

En otros aspectos, nada cambia en La Orotava. Tan sólo la repavimentación de algunas vías, con objeto de suavizar la presión del paro obrero; el cambio de los nombres de calles alusivos a la República, entre ellos la Plaza del Ayuntamiento, que pasa a llamarse del General Franco, al que se nombra hijo adoptivo el 9 de diciembre de 1936 y la limitación de las Fiestas de San Isidro a las funciones religiosas y a las alfombras, hasta 1939, son los pocos acontecimientos destacables.

1939-1979: UNA SOLA VOZ

Una estabilidad política sustentada por la maquinaria de la Dictadura impera en La Orotava durante los cuarenta años siguientes. Los miembros del poder económico local asumen el mando municipal y controlan las organizaciones del Movimiento. A partir de ahora no habrá lugar para el disenso. Éste sólo se manifestará en aislados incidentes, como los gritos de "Viva la Libertad", que se dieron en un baile del verano de 1942, en la terraza del Teatro Atlante.

Los años de la posguerra recrudecieron la pésima situación económica y social en que estaban inmersas las clases populares. El aprovechamiento de la leña del monte, con viajes a pie descalzo, salvaron del hambre a muchos vecinos del municipio. La situación, sobre todo en los barrios periféricos, está magistralmente descrita por el párroco de La Perdoma, en 1947, refiriéndose a la zona alta, pero que podríamos generalizar para buena parte del término municipal:

"...habitan en chozas de pajas y ramajes una inmensa mayoría de familias que viven de la agricultura los años muy contados en que en aquellas alturas se producen las cosechas y en las que, como en el año pasado y en el presente año se da el caso de "vacas flacas", estos desgraciados para poder subsistir tienen que recorrer toda la inmensidad de nuestro monte verde y, remontándose hasta las faldas del Teide, recogen allí y conducen en caballerías, a hombros o en la cabeza las leñas secas y casi podridas de los árboles muertos y la broza que se encuentra acumulada bajo los árboles mismos para venderla y llevar con esto a sus humildes hogares el sustento de vida" (LORENZO PERERA, 1983).

Las autoridades municipales de los difíciles años cuarenta obviaron, por completo, los problemas de los más desfavorecidos. El intento fallido de demolición del ex-convento de Santo Domingo, cuyos materiales se aprovecharían para construcción de un grupo de viviendas protegidas, es el único gesto, a todas luces criticable, de sensibilidad social que conocemos de los gobernantes locales.

La década siguiente será de relativa prosperidad para el municipio. Se abre con la cesión al Estado del solar donde se ubicará el edificio de Correos y Telégrafos, cuyo proyecto, se aprobará en 1951. El autor es el arquitecto Tomás Machado, que diseñará, asimismo, otras importantes obras que se emprendieron en esta época. El Estadio de Los Cuartos, que se inaugurará el 11 de octubre de 1953, o la urbanización de la Avenida José Antonio, son algunas de ellas.

Además, en estos años, se construyen también el Teatro Atlante y el Cine Orotava, inaugurado en 1957. Asimismo, se procede a la última demolición conventual que conoce la Villa. Se trata del ex-convento de las monjas catalinas y dominicas, en cuyo solar se erigirá, finalmente, el edificio de Correos y el Ambulatorio de la Seguridad Social, considerado de "...verdadero interés local (...) especialmente para la clase obrera, ya que se contará con consultorio de medicina general y especialidades y con una clínica...". El proyecto de urbanización del Portillo, el inicio de los trabajos para la redacción de un Plan General de Urbanización, la creación del Parque Nacional del Teide en 1954, el comienzo de los trabajos para la ejecución del Puente de la Carrera o la cesión de solares para la construcción de las primeras viviendas sociales en San Antonio, son algunas actuaciones más que le imprimen singularidad a los años cincuenta en La Orotava.

Los "felices sesenta" traen, por su parte, los primeros teléfonos a los barrios del municipio hasta ahora y, por algún tiempo más, sumidos en la más brutal de las marginaciones. La década se estrena, además, con la concesión de la primera medalla de oro de la Villa, como no, a Franco, en agradecimiento a las ayudas concedidas por el Gobierno con ocasión del terrible temporal del 15 de febrero de 1958, que provocó la visita de una delegación gubernamental presidida por el Ministro de Agricultura. Eran los años de la alcaldía de José Estévez Méndez (1955-1963), quien fue, además, consejero del Cabildo y de la Mancomunidad y Gobernador Civil de Valladolid y Málaga.

La instalación en el Ayuntamiento de la emisora de radio "La Voz del Valle", que empieza a emitir en 1960, dejará huella, también, en la memoria colectiva de los ciudadanos de la Villa.

La prosperidad aportada por el boom turístico que conoce nuestro Valle y la crisis del petróleo de 1973, configuran la antesala de otra fecha trascendental en la etapa contemporánea de La Orotava. La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, abre las puertas de la esperanza y de la ilusión por romper con cuatro décadas de ausencia de libertad. El Ayuntamiento, el 25 de noviembre, lamenta la muerte del dictador, "...acordando hacer constar en acta la condolencia de la Corporación por la irreparable pérdida que ha supuesto para toda España el fallecimiento de S.E. el Jefe del Estado, con cuya desaparición, como puso de relieve la Presidencia, termina una era de la historia patria, caracterizada por la paz y el orden en que han podido vivir los españoles...". El orden del miedo, la represión sangrienta y la paz del obligado silencio habían terminado.

Algunos meses más tarde se empiezan a manifestar las inquietudes políticas de un sector de la población, presentando en el Ayuntamiento diecisiete pliegos de firmas pidiendo la derogación del Decreto Ley Antiterrorista y el restablecimiento de las libertades democráticas de asociación, expresión y reunión. El Pleno, con las clases adineradas de la Villa adaptándose al nuevo régimen, apoyó estas reivindicaciones y acordó elevarlas al recién proclamado Rey de España. Comienza, pues, en el municipio, la transición a la democracia.

El Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política del 15 de diciembre de 1976 es aprobado por una aplastante mayoría de orotavenses. Dos años después los resultados en el Referéndum de la Constitución son prácticamente iguales. Entre ambos, la primera oportunidad de participar en unos comicios libres: las elecciones generales de 1977 que, en La Orotava, ganó Unión de Centro Democrático (UCD), con el 53,39 % de los votos, seguido por el PSOE, el Partido Popular Canario y Alianza Popular. En las de 1979 la participación se reduce considerablemente, pero los resultados se repiten. Sin embargo, la verdadera ganadora fue la abstención, que ascendió al 71 % de los electores (BRAVO DE LAGUNA, 1987).

LA ILUSION RENOVADA: 1979-1995.

El 3 de abril de 1979 marca el inicio de esta nueva etapa. En este día se producen las primeras elecciones municipales democráticas en La Orotava, después de cuarenta y dos años. La composición del Ayuntamiento es la siguiente: ocho concejales de UCD, otros tantos de la Agrupación Independiente de La Orotava (AIO), dos representantes para Unión del Pueblo Canario (UPC), dos también para el PSOE y uno para Coalición Democrática (CD). Un pacto entre AIO, PSOE y UPC posibilitó el acceso a la alcaldía del independiente Francisco Sánchez García.

El nacimiento de las Asociaciones de Vecinos, con un alto poder reivindicativo y de movilización social, abría, a su vez, un nuevo camino en la política local. Los barrios, históricamente ignorados por el poder municipal, asumieron un protagonismo que, por justicia, les pertenecía. Los problemas que afectaban a las zonas rurales eran gravísimos: falta de escuelas, de viviendas, de locales de reunión, de teléfonos públicos, de asistencia sanitaria, de instalaciones deportivas...; ausencia de suministro de agua corriente y luz eléctrica; índices de analfabetismo que alcanzaban al 83 % de la población; caminos sin asfaltar; ningún tipo de actividad cultural, etc. Esta acuciante problemática social no podía seguir siendo ignorada por las autoridades municipales, máxime cuando los vecinos, el 21 de noviembre de 1978, se habían lanzado a la calle para exigir soluciones a las carencias del extracasco. Una manifestación que marcó el devenir político de estos últimos años, pues del movimiento vecinal que la organizó saldría el grupo que gobernaría el municipio entre 1979 y 1983 y, tras su evolución de AIO a ATI, hasta la actualidad.

Desde el Ayuntamiento, por lo tanto, se emprendería una acción apoyada por todos los partidos políticos, encaminada a cubrir las necesidades básicas de todo el municipio y no sólo del Casco, como había sucedido hasta la actualidad. Se logran cubrir los problemas más prioritarios de la población: suministro de agua y luz, escuelas, locales sociales y asfaltado de caminos. Para ello se crea, en el seno de la Corporación, una Comisión de Agua, Luz y Barrios, que gira visita a todos los núcleos habitados, con el objeto de conocer de cerca sus problemas. La organización vecinal y el intenso trabajo de la Corporación en estos primeros años de democracia, posibilitarían la solución de muchos de ellos.

En este período, el Casco también se ve imbuido de los mismos aires democráticos, sobre todo en el ámbito de la cultura, con la presencia de un numeroso y activo grupo de jóvenes que, desde la Asociación Juvenil Tauro, organizan actividades con bastante frecuencia. A ellos se debe, entre otras cosas, la organización del primer baile de magos en la Plaza del Ayuntamiento, en 1977 y la edición, entre 1978 y 1980, de la revista "El Aguijón", que aparece como boletín de la Asociación Cultural del Valle y que realizó una importante labor de formación y oposición al gobierno local, desde posturas marcadamente progresistas.

La labor desarrollada por la AIO le permitió, en las elecciones municipales de 1983, la consecución de la mayoría simple. Este grupo había concurrido bajo las siglas de ATI (Agrupación Tinerfeña de Independientes), fruto de la unión con otras formaciones independientes y de miembros de la conservadora y fracasada UCD de la Isla de Tenerife. Diez concejales para ATI, cinco para el PSOE, dos para Alianza Popular, dos para UPC y otros dos para el Centro Democrático y Social, completan el reparto político en la nueva Corporación. Un reparto que permite gobernar en precario a los independientes, con Isaac Valencia Domínguez al frente de la alcaldía.

La línea política seguida se distingue por la profundización en el camino iniciado en la anterior legislatura aunque, en estos momentos, el reflujo del movimiento vecinal es cada vez más evidente. En 1987 el avance de ATI es espectacular y consigue una mayoría absoluta holgadísima (15 concejales), mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE no consiguen representación, al participar tres partidos políticos, producto de la disolución de UPC. Una mayoría que se renueva en 1991, con trece representantes, frente a cuatro del PSOE, que revalida sus resultados de 1987; tres de Iniciativa Canaria (ICAN), formación que surge del reagrupamiento de la izquierda y uno del CDS.

En 1995, las siguientes elecciones municipales, ATI revalida su mayoría absoluta, con trece concejales, mientras que el PSOE consigue tres (perdiendo uno), ICAN obtiene 2, perdiendo también uno, Izquierda Unida logra alcanzar un concejal y el Partido Popular regresa al Ayuntamiento con dos representantes.

En 1999, con motivo de las últimas elecciones municipales, ATI vuelve a recuperar sus 15 concejales de 1987, mientras que una nueva formación –Iniciativa por La Orotava, IpO– procedente de la disolución definitiva de ICAN en el municipio, en coalición con Los Verdes de Canarias, se alza como la segunda fuerza política en el Ayuntamiento, desbancando de este puesto al PSOE, que se queda con dos concejales, continuando con su lento retroceso de representación en el Ayuntamiento. Izquierda Unida desaparece del mapa institucional y,por su parte, el PP se queda con sólo un concejal en la figura del último alcalde franquista, Juan Antonio Jiménez.

En las elecciones del 25 de mayo de 2003, después de cuatro años marcados por la implantación de grandes superficies comerciales en el municipio, la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación que propone un aumento considerable del suelo apto para urbanizar y una férrea oposición marcada por IpO-LV al grupo de gobierno municipal, arroja el peor resultado de ATI-CC desde 1987, situándose en 12 concejales y un retroceso importante en el número de votantes, mientras que IpO-LV se consolida como segunda fuerza política, con 5 concejales. Asimismo se produce una pequeña recuperación del PSOE, fruto de su alianza electoral con IUC, situándose en tres concejales y el PP sigue manteniendo su presencia testimonial, con una concejal.

 

 

 

 

 

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